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Los propietarios de tierras en los espacios naturales de Aragón han constituido una coordinadora para defender sus derechos y pedir compensación por las limitaciones, afecciones y servidumbres que sufren las zonas privadas englobadas en los parques protegidos por la legislación medioambiental. Los dueños de estas extensiones (el 30% del territorio en el caso del Parque Posets-Maladeta) piden un trato equivalente al que reciben los ayuntamientos y han solicitado una reunión con el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.

En una carta remitida a este responsable autonómico, el representante de la Coordinadora de Propietarios en los Espacios Naturales de Aragón (Copena), Miguel Ángel López Peña, expone que sus derechos se han visto «seriamente afectados» y que se les ha «ignorado» en la elaboración de las leyes de protección, que «claramente limitan» sus derechos.

En el mismo escrito, López Peña, que preside una propiedad que supone más del 11% del Parque Posets-Maladeta, subraya que los miembros de Copena nunca han recibido compensación alguna. Y ello que el artículo 5 de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón impone al Gobierno de Aragón la obligación de establecer «un régimen de ayudas y medidas compensatorias a entidades locales, empresas y particulares integrados en las áreas de influencia socioeconómica» de los parques y otras figuras, según apunta el representante de Copena.

«Recientemente, hace 10 días, ha habido un acuerdo entre la DGA y los ayuntamientos para impulsar las compensaciones que estos reciben por su terrenos en los parques, y nosotros queremos incorporarnos a ese acuerdo», subrayó ayer Miguel Ángel López Lapeña en declaraciones a este periódico.

«Somos los grandes olvidados y ni siquiera se ha contado con nosotros en la negociación», añadió el representante de Copena, que explicó que, en el caso del Monte de Estós, en el Posets-Maladeta, la comunidad de bienes afectada está compuesta por 350 propietarios.

«No somos unos terratenientes, sino los descendientes de los vecinos de los pueblos pirenaicos que, con la Desamortización de Madoz en el XIX, se unieron para adquirir los terrenos municipales de los que dependía su supervivencia, ya fuera por la ganadería o la explotación de la madera», señaló. De momento, la coordinadora la componen Posets-Maladeta, Ordesa, Valles Occidentales, el Parque Natural de Guara y los Pinares de Rodeno de la sierra de Albarracín.

La despoblación, el tiempo y el olvido son los principales enemigos de un patrimonio, el inmaterial, que en la Sierra de Albarracín se afanan por mantener vivo. Algunas tradiciones como las torres humanas de Torres de Albarracín o Toril es poco probable que vuelvan a celebrarse, porque no queda nadie de los que se encaramaban a lo alto en la plaza allá por los años setenta del siglo pasado. Solo las fotografías recuerdan que algún día pasó. Pero otras, como los toques de las campanas, que han dibujado durante siglos el paisaje sonoro de esta sierra todavía pueden ser recuperadas, algunos tañidos al menos.

¿Para qué un catálogo? «Para tener conciencia de que no nos hemos dejado nada» explica el secretario del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, CECAL, José Luis Castán. Un catálogo permitirá «mejorar la identidad de la Sierra y puede ser un motor económico y de desarrollo turístico».

El «esqueleto» de este catálogo ya se puso en marcha en 2008 y puede consultarse a través de Internet: «Hemos ido rellenando huecos con muchas investigaciones a lo largo de estos años» añade el secretario, pero es necesario abordar «de manera sistemática» este catálogo, para lo que es necesaria financiación. Un compromiso que ayer pedía el presidente del CECAL, Pedro Saz, durante la inauguración de las VI Jornadas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sierra de Albarracín, celebradas en la ciudad de los Azagra este año. «Necesitamos apoyo económico para dar el siguiente paso, para asentar el catálogo definitivamente y poder así implicar a gente que ya está preparada y que quiere intervenir», apuntó Saz. «Esto es un trabajo de varios años» y por eso confía en que haya un compromiso de las administraciones para «que sea un trabajo sostenido».

En ese sentido, Castán agradeció el apoyo de la Comarca de la Sierra de Albarracín, que cada año organiza estas jornadas y ofrece financiación a sus actividades, «sin su apoyo el CECAL no existiría». Pero apunta un deseo: «Nos gustaría que la Comarca destinara una partida de sus presupuestos de Cultura para la elaboración de este catálogo, a través del CECAL o de técnicos especialistas en patrimonio cultural».

Este punto, que las investigaciones sean realizadas por expertos, es una de las cuestiones que destacó el secretario porque «es un trabajo científico, no se trata de hacer simplemente fotografías, documentar una fiesta o entrevistar a cuatro personas».

Castán recordó que tanto la comarcas como el Gobierno de Aragón tienen competencia en patrimonio, de ahí la petición de apoyo concreto, además del que ya vienen realizando a través de la convocatoria de ayudas para centros de estudios o investigaciones.

Tras el estudio puede comenzar el camino también para iniciar a través del Gobierno de Aragón un expediente para que ese patrimonio sea declarado Bien de Interés Cultural, como ocurrió con la trashumancia. ¿Y eso para qué sirve? «Como figura de protección es un sello de calidad, obliga a las administraciones a protegerlo y a la sociedad a reconocerlo», aseveró.

Para Saz además ese compromiso de las administraciones para apoyar la elaboración del catálogo es urgente porque «las personas mayores se nos mueren, y una parte muy importante para investigar ese patrimonio inmaterial son las fuentes orales».

El presidente no quiso hablar de presupuestos ni tiempos porque se trata, aseguró, de un trabajo a largo plazo y se podrá avanzar en la medida en que se cuente con dinero, algo que ha escaseado estos años porque «en tiempos de recortes la cultura siempre se queda a la cola».

Pero se mostró confiado en que en 2017 la situación cambie: «Este año ha sido el peor porque no ha habido apenas dinero, más allá de las cuotas de los socios», más de 500, todo un logro en una tierra como esta. Frente a años en los que han llegado a publicar hasta ocho libros, este ha sido «un año de transición», también con el cambio en la presidencia que ha asumido el propio Saz.

El promotor del proyecto Serranía Celtibérica, Francisco Burillo, ha dirigido una carta al presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, expresándole su malestar por el hecho de que la visita a Teruel el pasado 10 de noviembre de la Comisaria de Política Regional de la Unión Europea (UE), Corina Cretu, para hablar de posibles ayudas económicas que frenen la despoblación, no fuera, a su juicio, “un acto abierto a los ciudadanos”.

Burillo, catedrático de Prehistoria, critica que al encuentro no fueran invitadas, entre otras, entidades como la plataforma ciudadana Teruel Existe, el sindicato CC. OO. y la propia Serranía Celtibérica, las cuales “se vienen distinguiendo por su trabajo en la búsqueda de soluciones reales en el tema de la despoblación”.

Agrega que a la reunión, en la que Cretu estuvo acompañada por Lambán y por el vicepresidente del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, solo fueron invitados representantes de la CEOE Teruel y del sindicato UGT.

Francisco Burillo destaca que Laponia y la Serranía Celtibérica son las dos únicas regiones de toda la Unión Europea consideradas Escasamente Pobladas, pero mientras la primera está reconocida como tal y recibe fondos especiales desde 1994, la segunda aún está esperando que los gobiernos autónomos a los que pertenecen los territorios que integra -Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Generalitat Valenciana y La Rioja- se unan y demanden a la UE la aplicación de la ley.

El catedrático solicita al Gobierno de Aragón que inste al resto de las comunidades autónomas incluidas en la Serranía Celtibérica a crear una Agrupación de Regiones de la Serranía Celtibérica que promueva el desarrollo de las iniciativas aprobadas en su día, como un instituto de investigación y desarrollo rural y una red de universidades vinculadas a la Serranía Celtibérica. Reclama también que este territorio sea declarado una ITI (Inversión Territorial Integrada) y, como tal, reciba ayudas específicas de Europa que promuevan su desarrollo.