Andrés Bartolomé. 09-04-2025
Cruz de Bezas, en la cima de la Peña de la Cruz (Teruel)
El Alto de la Cruz de la sierra de Albarracín (Teruel) fue protagonista, en julio y agosto de 1937, de fuertes combates entre el Ejército sublevado y el republicano, logrando el primero una conquista definitiva del lugar.
Se trata de una posición fortificada, «adaptada a las rocas que emergen en el paisaje, entre un bosque de pinos». Durante la guerra, «la vegetación en el lugar era prácticamente igual a la actual», por lo que la lucha se desempeñó con el uso de «armas cortas, fusiles, pistolas y ametralladoras, ya que las copas de los árboles dificultaban enormemente el uso de artillería y morteros»
Pinares de Rodeno
Este extracto de «Los Lugares de la Memoria» (Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2010) y un vistazo al paisaje permiten hacerse a la idea de la crudeza de la lucha en el Monte de Utilidad Pública número 14 de Bezas, dentro del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.
Junto a estas posiciones se levantó en 1939 una cruz conmemorativa y en la peña donde se instaló quedó una inscripción: «18 de julio de 1939. Año de la Victoria».
El mes pasado, el departamento de Medio Ambiente anunció que la estructura de hormigón armado del emblemático mirador del municipio turolense de Bezas iba a ser demolida por razones de seguridad
La decisión se justificó en que es un «peligro medioambiental» al actuar como pararrayos, y que provocó incidentes el pasado verano tras el impacto de un rayo que rompió parte de la piedra y cayó muy cerca del guarda que en ese momento estaba junto a la torre de vigilancia.
Posicionamientos
El anuncio de la retirada de la cruz causó cierto revuelo tanto en Bezas como en el resto de la Sierra de Albarracín y a través de las redes sociales hubo posicionamientos al respecto, la mayoría en contra de su retirada, según informó «Diario de Teruel».
Poco tiempo después, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Teruel admitió las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos para paralizar el derribo.
La juez considera que «si la cruz es demolida, será materialmente imposible devolverla a su estado original, incluso en caso de estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva».
El Ayuntamiento de Bezas aprobó la destrucción del monumento después de que el Gobierno de Aragón emitiese su informe acerca del «riesgo medioambiental» tras la descarga de un rayo en septiembre que supuestamente habría destrozado «una esquina del extremo superior», quedando «expuesto al exterior, claramente, un trozo de metal, por lo que se puede incrementar la probabilidad de atraer nuevos rayos».
«Acto salvaje»
Abogados Cristianos presentó un recurso contencioso-administrativo con medidas cautelares contra la aprobación del derribo, contencioso que Vox interpuso a su vez «contra este acto salvaje».
La entidad de juristas alegó que la cruz está en las mismas condiciones, al menos desde hace 40 años, y presentó como prueba un vídeo grabado en los años 80 en el que se puede ver la cruz con el mismo daño actual.
La fundación denunció que «el derribo atenta contra el patrimonio histórico español y el patrimonio cultural aragonés».
Además, destacó la desproporcionalidad de la medida, ya que «la instalación de un pararrayos adecuado y la reparación de los daños podrían ser alternativas menos lesivas».
La organización también alegó la falta de motivación suficiente, porque «no se aportan pruebas concluyentes y ni un solo informe que justifique la existencia de un riesgo inminente y grave que justifique la demolición total».
El entorno natural donde se encuentra la cruz
Poco después, el consejero de Cultura, Manuel Blasco, aseguró en las Cortes en respuesta a una pregunta parlamentaria que «la primera intención» del Ejecutivo respecto de la cruz de Bezas es repararla para evitar «un problema de seguridad», descartando la opción inicial de la retirada. Declaraciones que Abogados Cristianos añadió a su demanda por ir a favor de su tesis.
Por su parte, el Ayuntamiento de Bezas presentó alegaciones en contra del recurso y también en oposición a las que añadió la fundación de juristas con el cambio de parecer del Gobierno aragonés.
Los servicios jurídicos del consistorio descargan responsabilidades en la Administración, como gestora del entorno donde se ubica la cruz, aunque la propiedad del monte sea municipal. El ayuntamiento, explican, «deberá conceder en su caso las licencias correspondientes».
El recurrente
Según el pliego de alegaciones, «el recurrente no es vecino de Bezas y no pudo participar en la asamblea vecinal» que votó a favor de la certificación emitida por Medio Ambiente.
Considera el municipio que se trata de un «instrumento para que otros utilicen el símbolo de la cruz con la única finalidad de hacer política, obviando cualquier cuestión de la seguridad de las personas».
En su opinión, «han conseguido su objetivo llevando el debate a la opinión pública sin otro fundamento que la conservación de un elemento que simboliza tiempos pasados» y carece de «ningún tipo de protección artística y cultural».
Añaden desde el ayuntamiento además que «tampoco consta que se encuentre en inventario alguno que pueda justificar» este amparo.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala que «vamos a defender cada cruz que la izquierda, en connivencia con el PP, quiera derribar y, en especial, la cruz del Valle de los Caídos, que sabemos que es el objetivo principal de este Gobierno». Además denuncia que «el derribo de esta cruz se aprueba por un informe falso del PP. No es verdad que un supuesto rayo dañase el monumento recientemente».
«Indulto temporal de la cruz»
