GLADYS SENDIC -11 abril, 2026
La justicia inadmite el recurso del partido ultraderechista, su grupo parlamentario y el diputado Alejandro Nolasco por falta de legitimación: “No existe conexión directa ni interés legítimo suficiente”. El fallo certifica el fracaso judicial de su ofensiva para mantener simbología franquista.
Nuevo revés judicial para la ultraderecha en Aragón. El Tribunal de Instancia de Teruel, cuya resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ha inadmitido el recurso presentado por Vox, su grupo parlamentario en las Cortes y el diputado Alejandro Nolasco contra el acuerdo vecinal que avalaba el derribo de la cruz franquista de Bezas, en la Sierra de Albarracín.
La sentencia, dictada el 9 de abril, es contundente: no existe legitimación activa por parte de los recurrentes. Es decir, ni el partido ultraderechista, ni su grupo parlamentario ni su principal dirigente en Aragón tienen base jurídica suficiente para impugnar una decisión adoptada democráticamente por el municipio.
El fallo es claro al respecto: no se aprecia “una conexión directa, de una afectación cualificada, o un interés legítimo suficiente” que justifique la acción judicial. Esta ausencia de legitimación provoca que el juzgado ni siquiera entre a valorar el fondo del asunto.
La resolución desmonta uno de los principales argumentos de Vox: el intento de convertir su agenda política en acción judicial. El magistrado recuerda que “la condición de parlamentario no atribuye la representación de la sociedad ni del interés general” en este ámbito, rechazando así la pretensión de Nolasco de actuar como supuesto defensor del patrimonio o de los “valores” que invoca su formación.
Tampoco el partido ni su grupo parlamentario salen mejor parados. La sentencia subraya que no existe “ningún tipo de cercanía o conexión directa” entre la función de un grupo parlamentario y el objeto del recurso, desmontando la estrategia de Vox de judicializar decisiones municipales en clave ideológica.
Respaldo vecinal abrumador a su demolición
El origen del conflicto se remonta al 11 de marzo de 2025, cuando el concejo abierto de Bezas aprobó por mayoría absoluta —33 votos a favor y una abstención— el informe favorable a la demolición de la cruz y su peana, ubicada en el paraje de Peña la Cruz.
Se trata de un elemento levantado en 1939, tras la guerra iniciada por el golpe de Estado fascista contra la Segunda República, y cuya retirada se enmarca en el cumplimiento de las leyes de memoria democrática y retirada de simbología vinculada al régimen franquista. Pese a este respaldo vecinal abrumador, Vox decidió llevar el caso a los tribunales en una ofensiva política y judicial que ahora ha quedado completamente desactivada.
La sentencia no solo inadmite el recurso, sino que impone las costas a la parte demandante, con un límite de 1.000 euros más IVA. Un nuevo varapalo que se suma al fracaso jurídico de su estrategia.
Este no es el primer episodio en torno a la cruz de Bezas. Hace un año, AraInfo ya informaba de cómo su derribo había quedado paralizado de forma cautelar tras una maniobra judicial impulsada por el lobby ultracatólico Abogados Cristianos, que logró frenar temporalmente la actuación con una medida cautelarísima.
Aquel episodio se produjo después de que el Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, ordenara su demolición por “peligro medioambiental”, en un contexto más amplio de debate sobre la presencia de simbología religiosa —y en este caso también vinculada al franquismo— en espacios naturales del país.
La campaña impulsada por MHUEL ya advertía entonces de los riesgos y de la necesidad de retirar estos elementos de las cumbres aragonesas. Sin embargo, la respuesta de la ultraderecha fue recurrir a los tribunales para blindar estos símbolos.
Un año después, la estrategia ultraderechista vuelve a estrellarse. Si entonces se logró una paralización provisional mediante una maniobra cautelar, ahora la justicia corta de raíz el intento de Vox de apropiarse de los tribunales para imponer su agenda ideológica.
