ARAINFO REDACCIÓN. 4 mayo, 2026
El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) celebra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel que avala el derribo de la cruz de Bezas y rechaza el recurso de la ultraderecha
Cruz de Bezas | Foto: Ayuntamiento de Bezas
El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) ha valorado como una “derrota judicial de la ultraderecha” la reciente resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel que inadmite el recurso presentado contra el derribo de la cruz de Bezas, en la Sierra de Albarracín. El fallo no solo avala la actuación de la Administración por motivos de seguridad, sino que además impone las costas a los demandantes, entre ellos representantes de Vox y un letrado que estaría ligado a Abogados Cristianos.
La resolución judicial concluye que las partes recurrentes carecían de legitimación para impugnar una decisión adoptada por el Gobierno de Aragón en base a criterios técnicos. En este sentido, el colectivo laicista subraya que “esta sentencia despeja cualquier duda: la retirada de la cruz de Bezas no es un acto ideológico sino una obligación de la Administración para proteger la vida de las personas que trabajan y pasean en ese entorno”.
El conflicto se remonta a marzo de 2025, cuando se conoció la orden de derribo de esta estructura situada en un enclave natural. Desde entonces, MHUEL ha impulsado una campaña para exigir la retirada de símbolos religiosos en espacios naturales públicos de Aragón, argumentando tanto razones de seguridad —al actuar como posibles pararrayos en zonas elevadas— como el principio de aconfesionalidad del Estado recogido en la Constitución.
“La ultraderecha convirtió un informe técnico en una batalla cultural y ha pagado el coste, económico y político, de ese error de cálculo”, sostienen desde la organización, que insiste en que este tipo de instalaciones “suponen un riesgo objetivo en entornos expuestos a fenómenos meteorológicos extremos”.
Además, MHUEL defiende que el debate trasciende el caso concreto de Bezas. “Las montañas son patrimonio natural de toda la ciudadanía, creyente o no”, señalan, añadiendo que “no es razonable que espacios públicos financiados y gestionados por las administraciones alberguen símbolos que solo representan a una parte de la sociedad”.
Tras conocerse la sentencia, el colectivo ha instado al Gobierno de Aragón a actuar con celeridad. “El fallo abre una puerta y ahora le toca actuar a la Administración Autonómica. No hay recurso que valga, no hay legitimación política que ampare la inacción”, afirman. En esta línea, reclaman extender el mismo criterio aplicado en Bezas —basado en la seguridad, la legalidad y el respeto a la laicidad institucional— al conjunto de estructuras religiosas presentes en espacios naturales públicos de la comunidad.
